Pese a más de un año de cerco internacional económico y político, con los gobiernos de las grandes potencias y las mayores compañías financieras del mundo empeñados en romperle el espinazo, Wikileaks no sólo resiste, sino que ha obtenido una nueva bomba informativa en desafío a la arbitrariedad de los más poderosos del planeta: millones de correos electrónicos internos de la empresa conocida como "la CIA en la sombra", una compañía de espionaje privada cuyos clientes incluyen a los servicios secretos, los ministerios de Defensa y de Exteriores, y las embajadas de la mayoría de los países industrializados (incluida España), además de las más grandes multinacionales del planeta.Esta nueva mega-filtración de análisis confidenciales, que desvelan los tejemanejes de los que dirigen el mundo, la empieza a publicar hoy (en exclusiva para España) Público.es, que irá mostrando a sus lectores las revelaciones que considere de mayor interés. Junto a Público.es, medios de comunicación progresistas de una veintena de países también irán difundiendo contenidos de esos mails y de los miles de documentos adjuntos que contienen, a menudo informes reservados de las grandes corporaciones, como Goldman-Sachs o la Unión de Bancas Suizas (UBS), y de centros de inteligencia y contra-terrorismo como el Department of Homeland Security de EEUU o la Drug Enforcement Administration (DEA).En realidad, la compañía en cuestión (llamada Stratfor Global Intelligence) se aprovecha también de la información reservada de los mismos clientes a los que vende sus análisis e informes, ya que los militares, diplomáticos y agentes de inteligencia de las instituciones y naciones a los que cobra lucrativas subscripciones anuales están, a su vez, revelando a los analistas de Stratfor los datos que ellos conocen y las posiciones e intereses confidenciales de sus propios gobiernos y organizaciones.
Financiación pública
Es decir, la CIA en la sombra se financia en gran parte con dinero público de los países occidentales, pues sus cuotas son pagadas por muchísimos ministerios y organismos oficiales de todo el mundo (aunque está fundamentalmente al servicio de EEUU desde su base en Austin, Texas), y al mismo tiempo se nutre de la información que le proporcionan los mismos a los que luego se la vende. Un negocio redondo surgido de la doctrina neoliberal de externalizar todos los servicios públicos (incluidos los secretos) y que consiste en privatizar hasta el espionaje.
Que Wikileaks haya conseguido ahora, a través de su trabajo de investigación, los millones de correos electrónicos confidenciales de Stratfor (entre sus analistas y con sus clientes) de 2004 a diciembre de 2011, tiene aun más mérito porque la organización de transparencia informativa sin ánimo de lucro fundada por Julian Assange no sólo está sometida al acoso de Washington y de todos sus aliados, sino que sufre también un bloqueo bancario mundial extrajudicial capitaneado por los gigantes que dominan casi todas las transacciones con tarjetas de crédito y en internet del mundo: Bank of America, VISA, MasterCard, Pay Pal y Western Union. Este bloqueo, sin precedentes en la historia, se impuso sólo diez días después del célebre Cablegate, que expuso al desnudo las mentiras de la política exterior de EEUU y de las otras potencias, y al ser promovido por imperios financieros privados ha sido posible que se ejecutase por encima de las mismas leyes que el Gobierno estadounidense descubrió desde el principio que le impedían declarar un embargo oficial contra Wikileaks.
Cada vez que los tribunales y juristas han examinado las actividades de Wikileaks han concluido que son perfectamente legítimas. En Australia se abrió una investigación judicial formal, instigada por EEUU, que dictaminó que ni las operaciones de la organización ni las de Assange pueden ser perseguidas por la Justicia. En EEUU, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, tuvo que reconocer en enero de 2011 que no hay fundamentos para poner oficialmente a Wikileaks en una lista negra. No existen procesos judiciales contra la organización ni contra uno solo de sus miembros, por la filtración de información confidencial, en ningún lugar del mundo.
Sabotajes contra Wikileaks
Sin embargo, el cártel de los cinco emporios financieros continúa cometiendo impunemente acciones ilegales y sabotajes contra Wikileaks en todo el mundo. El cabecilla de esa alianza antitransparencia, Bank of America, incluso encargó al bufete washingtoniano Hunton & Williams que contratase a un consorcio de tres compañías de inteligencia estadounidenses (entre ellas, HBGary, recomendada por el Departamento de Justicia de EEUU) para que ejecutasen un ataque sistemático múltiple, a un coste de dos millones de dólares mensuales, con el fin de sabotear, hackear y desprestigiar a Wikileaks. El plan de ataque incluye como objetivos hasta a los periodistas y abogados que apoyan a Wikileaks, y prevé desacreditar a las ONG afines, sembrar dudas sobre la veracidad de los documentos descubiertos, contratar informáticos para que penetren y destruyan los servidores de la organización en Suecia y Francia, y hasta organizar una campaña mediática para convencer al público de que las actividades de Wikileaks son extremistas y temerarias. Una ofensiva que ya empieza a tener éxito cuando grandes diarios que publicaron el Cablegate original están ahora renegando de la organización y denigrando sus operaciones.
En cambio, la batalla legal parece empezar a decantarse a favor de la libertad de información, sobre todo después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticase duramente el bloqueo bancario contra Wikileaks, igual que lo han hecho el Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Inter-Americana sobre Derechos Humanos.Además, en los próximos días debería decidir la división anti-trust de la Comisión Europea si abre una investigación exhaustiva sobre las graves violaciones de las leyes de la competencia cometidas por el cártel de los cinco grandes al bloquear económicamente a Wikileaks. La Dirección General de Competencia suele decidir este tipo de denuncias en un plazo de tres a cuatro meses, pero esta vez ya lleva siete meses sin dar una respuesta. ¿Se atreverá la Unión Europea a desafiar a los verdaderos amos del mundo?
Fuente: Público.es
